19 años buscando justicia

Hay juicios que son largos y tediosos; pueden pasar meses, años e, incluso, décadas hasta castigar a los culpables. Eso es lo que pasa, según los representantes de la Compañía de Jesús, con el caso de los militares implicados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras. Después de diecinueve años de la matanza y tras el fracaso de varias demandas en los tribunales salvadoreños contra los supuestos autores materiales e intelectuales, un tribunal internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, ha ordenado que El Salvador presente un informe para determinar si existió una investigación efectiva que garantizara el derecho a la verdad y justicia para los fallecidos, sus familiares y la comunidad religiosa.
Para los abogados de las víctimas, el informe solicitado por la CIDH es una oportunidad de oropara reiterar la impunidad del caso y apuntar con el dedo acusador al Estado. Mientras tanto, abogados y diplomáticos de El Salvador parecen estar en una encrucijada y manejan con sigilo la respuesta que darán por la masacre que cometió una unidad especial del ejército la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Armando López, Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López y las empleadas domésticas Elba y Celina Ramos fueron asesinados dentro de la Universidad Centroamericana (UCA).
El entonces rector de la UCA, Ellacuría, era un reconocido intelectual, amigo del filósofo Xavier Zubiri, quien aspiraba a que su pensamiento filosófico permitiera, desde la interpretación de la realidad, una nueva visión del ser humano y de la liberación latinoamericana. Una semana antes de su muerte, recibió en Barcelona el premio internacional Alfonso Camín. Tras una fuerte presión internacional, en septiembre de 1991 un tribunal salvadoreño condenó al coronel Guillermo Benavides y otros nueve militares, pero dos años después quedaron en libertad gracias a la ley de amnistía que aprobó la Asamblea Legislativa.
Desde entonces el caso pasó al escenario internacional y los antecedentes jurídicos no son favorables para el Gobierno. El 22 de diciembre de 1999, en un informe de fondo, la CIDH determinó que El Salvador violó el derecho a la vida, la verdad y la protección judicial. Además, ordenó “una investigación completa, imparcial y efectiva”. La Comisión consideró que la ley de amnistía viola el derecho de las garantías judiciales para los familiares de las víctimas y ordenó adecuar esa legislación con la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que permitiría reabrir la investigación contra los autores materiales e intelectuales.

Cumplir las recomendaciones
Casi una década después de ese informe, las recomendaciones siguen sin cumplirse. “Son procesos largos que se complican más cuando estamos frente a un Estado que no contribuye en nada a que esto avance y se cierra en sus posiciones. El salvadoreño es, quizás, el peor Estado en cuanto a incumplimiento de sentencias, recomendaciones y resoluciones emitidas por organismos de derechos humanos, tanto regionales como universales”, reprocha Benjamín Cuéllar, querellante del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).
El 11 de marzo pasado, el Idhuca y el Centro por la Justicia y el Derecho Inter- nacional (Cejil) lograron que el caso de los jesuitas volviera a la agenda de la justicia internacional. Dentro de dos semanas El Salvador presentará un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones. De comprobarse un desacato, el Estado corre el riesgo de ser denunciado ante la Organización de Estados Americanos, y uno de los impactos negativos podría ser la reducción de la cooperación internacional.
Los representantes estatales son cautelosos para referirse al que se ha convertido en un espinoso tema diplomático: “No puedo hacer declaraciones, primero tenemos que presentar el informe. No quisiera hacer comentarios”, dijo Carlos Méndez Flores, abogado del Estado. Pese a que la CIDH ha recomendado su derogación, El Salvador adelantó que en su informe defenderá la ley de amnistía, porque es una de las claves que permitió el fin de una guerra de doce años, en la que murieron 70.000 personas. Desde la visión oficial, esa ley no permite abrir viejas heridas y consolida el proceso de pacificación: “El Estado ha dejado bien clara su posición, está todo razonado”, insistió Méndez Flores. La ley de amnistía no sólo dejó en libertad a los diez militares condenados por los asesinatos, sino que también es un obstáculo para investigar a los autores intelectuales. El Idhuca pidió investigar a la cúpula de las Fuerzas Armadas y al ex presidente Alfredo Cristiani, pero en 2000 un juzgado los exoneró bajo el argumento de la prescripción del delito.

Oferta de diálogo
En un intento por frenar la demanda, el Gobierno salvadoreño ofreció una salida negociada: “Fueron dos situaciones y sí, se quedó en que el Estado puede dialogar”. Pero los demandantes rechazan de pleno esa flexibilidad gubernamental: “El diálogo que proponen es ridículo, irrespetuoso, plantean que hay que discutir si se cumplen o no las recomendaciones. Si fuera un Gobierno serio en la relación con los ofendidos lo que habría que hacer es reunirse para ver cómo se cumplen las recomendaciones, no para decir ‘no vamos a cumplir las recomendaciones’. ¿Qué diálogo es ese?”, comentan con amargura los abogados de las víctimas.
Mientras el Estado presenta su informe y el tribunal internacional decide si concede la audiencia, los abogados piden paciencia a los familiares de las víctimas. Son conscientes de que en el caso de los jesuitas españoles las familias pueden presentar una denuncia ante la Audiencia Nacional, porque se trata de un delito de lesa humanidad. El antecedente jurídico más cercano es cuando se intentó procesar al fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, que fue detenido en Londres a solicitud de la Audiencia.
“A los familiares [de los sacerdotes españoles] les pedimos desde el principio, que nos dieran la oportunidad de trabajar con las instituciones renovadas después del fin de la guerra. Si funcionan en este caso podrían funcionar en muchos casos más. Vamos a seguir intentándolo, pero la paciencia de los familiares no puede ser eterna. Cuando se acabe la paciencia, no podemos asegurar que no vayan a intentar mover el caso a la justicia española”, concluye Cuéllar.

( Publicado en la Revista Tiempo, Madrid, España)