El magnate que evadió la cárcel

MARIO ORELLANA, EX GERENTE DE LA AUTÓNOMA DE AGUAS, RECIBIÓ TANTOS SOBORNOS QUE PERDIÓ LA CUENTA. LAS HUELLAS DE SU DINERO SUCIO ESTÁN PLASMADAS EN DOCUMENTOS DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES, COMPRA DE INMUEBLES Y EMPRESAS, EN EL SALVADOR Y PANAMÁ.

Tiene 48 años. A este hombre alto y fornido que creció en Santa Rosa de Lima no le gusta el destello de las cámaras fotográficas: “Señoría, me molestan los ojos”, se quejó ante la jueza Nora Montoya cuando un grupo de periodistas lo retrató, el pasado 14 de mayo, minutos antes de confesar la manipulación de las licitaciones en ANDA.
Dice una partida de nacimiento inscrita en el registro de Santa Rosa de Lima que ese economista que ocupó el cargo de gerente general se llama José Mario Orellana Andrade. Aunque las voces de corrupción eran la sombra a su gestión -entre 1995 y 2002-, el funcionario supo ocultar el origen ilícito de 16 propiedades y 12 millones 78 mil 286 dólares en cuentas bancarias de El Salvador y Panamá.

Nadie sabía de su riqueza. Ni él mismo. Seis años después del millonario fraude en la planta Río Lempa II, reconoce que recibió tantos cheques que perdió la cuenta de los sobornos. En su aritmética de la corrupción resulta que el empresario español Joaquín Alviz le debe dinero. “No me terminó de pagar por una sencilla razón: el ingeniero Perla hizo otro negocio y se dio la confusión. Alviz me decía: ‘Te estoy pagando lo del reservorio, te estoy pagando lo de Río Lempa’... En eso nos fuimos de la institución y me quedó debiendo”.
Los contratos Río Lempa II y Reservorio de Nejapa fueron adjudicadas a un consorcio español a cambio del 10 por ciento de su costo, 3 millones 372 mil 634 dólares, para los bolsillos de la administración que dirigió Carlos Perla, condenado a 15 años de cárcel.
Orellana escondió su dinero en tres empresas salvadoreñas: Lotes y Casas, Futuras Inversiones e IMJ. Luego, con la complicidad de su tío José de la Cruz Andrade y su hijo Ismael de Jesús Orellana Rivera, abrió y traspasó los fondos a 11 cuentas personales y de sociedades en el Banco del Istmo, Panamá.
A su salida de ANDA, el 15 de junio de 2002, varios millones de dólares esperaban al ex funcionario: soñaba con comprar acciones de empresas, soñaba con dedicarse al negocio de los inmuebles. Un día de julio le dijo al propietario de SETERS, empresa que pagó sobornos para ganar obras en la autónoma, que quería ser accionista. Entregó dinero para comprar maquinaria y eso le concedía el derecho sobre el 20 por ciento de la empresa, pero su inversión nunca se plasmó en el Registro de Comercio.
En Panamá también compró acciones de las sociedades Frankfort Enterprises, Ishwar Development, Corporación La Sabana, entre otras. “El propósito era encubrir el dinero, comprar inmuebles y construir viviendas. No tuve esa oportunidad”, se lamenta ahora mientras su destino pende de un hilo en manos del sistema judicial.

Ha tenido más éxito como corrupto que como testigo. De cuatro declaraciones rendidas, los jueces han dicho que su testimonio es "ineficaz". La justicia ha ordenado procesarlo, pero la Fiscalía desobedeció la orden. Mientras tanto, el otrora hombre fuerte de ANDA está bajo tratamiento psicológico por el trauma del arresto... arresto domiciliar.

Luces y sombras de "Erick boy"

DICE QUE ABRIÓ LOS OJOS CUANDO CUMPLIÓ 30 AÑOS DE EDAD. ANTES, LOS TENÍA CEGADOS POR EL CONSUMO DE LA HEROÍNA. ES JOSÉ HERIBERTO HENRÍQUEZ, EL EX MILITAR Y EX PANDILLERO QUE NO CONVENCIÓ NI A FISCALES NI JUECES DE SU PROCESO DE REHABILITACIÓN.

Le gusta el vodka con soda y unas gotas de limón. Lo confiesa con esa mirada fuerte, el ceño fruncido y el hablado peculiar de un pandillero formado en las calles de Los Ángeles, en Estados Unidos. Sus manos tienen cicatrices, unas rayas negras como huellas de las agujas con las que se inyectaba heroína y otra marca redonda en uno de sus codos, justo donde impactó una bala luego de sobrevivir a un tiroteo en la colonia Popotlán, Apopa.
Sin parar de hablar se levanta del escritorio de Hommies Unidos, organización no gubernamental que trabaja en la rehabilitación de pandilleros, y toma de un armario el diploma de reconocimiento que le otorgó una universidad española. Ahí se lee su nombre: José Heriberto Henríquez.
Capturado y liberado. Al mediodía del 26 de mayo de 2006, el Juzgado Quinto de Instrucción se encargó que su nombre volviera a la agenda de los medios de comunicación. A petición de la Fiscalía fue recapturado por homicidio. El expediente judicial dice que a la salida de un club nocturno, Henríquez le disparó a otro pandillero: José Luis Córtez Guerrero.
Pero dos días antes de su captura -un miércoles lluvioso de mayo-, el recapturado y ahora condenado por homicidio rechazaba cualquier responsabilidad en el crimen. “Si hubiera cometido el delito, vos crees que lo hubiera hecho ahí (el club nocturno está ubicado frente a la Fiscalía, sobre la 49.ª avenida sur de San Salvador). Es algoilógico, man... si cometo un delito, ¿cómo me voy a quedar acá teniendotodalaexperiencia de haber vivido 16 años en Los Ángeles? Sí yo anduviera en la jugada no me dejaría agarrar, que me sigan, que les cueste.”
A la Policía no le costó recapturarlo. Lo encontró y esposó en las oficinas de Hommies Unidos, cerca del estadio Mágico González. Pantalón verde y camisa a cuadros del mismo color, Henríquez, mirada pérdida, se acomodó las esposas y caminó junto a investigadores que cubrían sus rostros con gorros navarones. Fue llevado a la cárcel y la fiscal Guadalupe de Chavarría asegura que hay suficientes pruebas para respaldar esa medida: dos testigos protegidos lo ubican en el lugar del crimen.
Los testigos describen un vehículo, un Nissan rojo, que después del homicidio fue pintado de azul -según las autoridades- para que no le pudieran seguir la pista. La fiscal De Chavarría le suma los antecedentes policiales para afirmar que Henríquez tenía una vida de día y otra de noche. Por el día trabajaba en la rehabilitación de pandilleros, pero por la noche la Policía lo sorprendió transportando heridos y participando en balaceras.
Sus amistades también son motivos de sospechas. En la barra show, el día del crimen, departía con Carlos Alberto Rivas Barahona, supuesto líder de una red de extorsionistas y quien también es procesado por homicidio. Las autoridades tienen entre ceja y ceja el antecedente de las extorsiones y sospechan que con dinero sucio obtuvo tres tarjetas de crédito internacional, tres vehículos y dos propiedades.
Henríquez reduce esas acusaciones a una palabra: mentiras. Para desacreditar sus ingresos onerosos saca de su cartera negra un taco del Seguro Social donde se consigna su salario mensual: $400. “Mi carrome lorobaron, entonces yo compré un Nissan 1998. Me lo vendieron bien barato, me lo vendieron en $1 mil 500 gracias a una persona que yo conocí en esto de la sensibilización y larehabilitación. Solo Dios sabe que no hay un mal que por bien no venga. Yo tengo una casa, pero mirá, yo la tengo con el Fondo. Está bien que investiguen, porque van a saber que soy una persona de trabajo.”
Sobre su presunta participación en el tiroteo, la reconce, pero con otra explicación. Un día de agosto de 2005 visitó el penal de Chalatenango para impulsar talleres y a la salida del recinto dos personas le pidieron aventón. “A la alturade Popotlán, apenas a dejar a la muchacha iba porque
ella venía de Valle Verde, me comenzaron a llover los balazos... Mirá, si yo por la misericordia de
Dios estoy con vida y los muchachos también.”
Después de la interrupción de una llamada telefónica confiesa que también estuvo preso por ayudar a Carlos Mojica Lechuga, supuesto líder de una pandilla y condenado a cinco años por tenencia ilegal de armas. La historia, según Henríquez, es así: “Nos pidió que por favor le pidiéramos su carta de libertad y se la lleváramos hasta (el penal) Gotera, porque no le permitían contactarse conDerechos Humanos y nos pidió el favor. Hey... es un favor que se le puede hacer a cualquier persona. Estamos para ayudar.”
Ese día de la entrevista, unas horas antes de su recaptura, Henríquez mostró a algunos de sus compañeros en proceso de rehabilitación los carnés para un proyecto de panadería y bromeaba sobre la posibilidad de ser encarcelado: “Solo falta laminarlos (los carnés). Nos vemos en la tarde y si no, vamos a seguir con el proyecto en la cárcel”.
Y esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa que dice no disfrutó en la adolescencia porque, a los 14 años, fue reclutado forzadamente por el Ejército.Y para respaldar suspalabras, abre las páginas de su agenda y saca una fotografía en la que está retratado en cuclillas con un fusil en su mano, vestido con uniforme verde y una boina negra. Dice que ahí sus compañeros le enseñaron a guardar la marihuana en las culatas del fusil M16 largo, donde estaba el botiquín de limpieza del arma. Ahí comenzó su travesía por elmundo de la droga, situación que se agravó cuando emigró hacia los Estados Unidos, donde fue procesado por robos y posesión de heroína. “Abrí los ojos a los 30 años”, dice este hombre que nació en septiembre de 1967 y que estuvo ingresado en un centro de rehabilitación -en el plan modelo de Tijuana, México- allá por 1997.
Ya de regreso en su país, tras su paso por la ong de rehabilitación de pandilleros y tras recorrer un proceso judicial que culminó en febrero de 2007, fue declarado culpable de homicidio. Casi a las seis de la tarde, unos minutos antes de escuchar el veredicto del Tribunal Quinto de Sentencia, un periodista francés les tomó una fotografía. Él sonreía y defendía su inocencia, pero la afirmación de uno de los tres jueces cambió su semblante. “La versión presentada por la Fiscalía es robusta”. 16 años de cárcel, Henríquez y otro procesado quedaron cabizbajos...

Réquiem por la Corte de Cuentas

No es necesario estar muerto para tener la condición de cadáver. Hay muertos vivos y hay vivos que tienen una existencia de muertos. La reelección de don Hernán Contreras como titular de la Corte de Cuentas es una hazaña surrealista que hace pasillo a la dama de la guadaña. Siempre he sospechado que, aunque tiene un espacio en el mapalimbo de la existencia, la credibilidad de esa institución está en el paraíso o en el infierno y, siguiendo la tradición judeocristiana, esa condición necesariamente implica estar muerto. He aquí los tres peldaños que me hacen sospechar de ese estatus institucional.

1. Los muertos viven en la memoria de los vivos. Primero, como un lapsus traumático y luego en un recuerdo esporádico, ocasional. Pues resulta que el recuerdo de la Corte de Cuentas llega al colectivo salvadoreño, principalmente, cuando los pecenistas mueven sus piezas del ajedrez político para mantenerse en el poder; cuando se discute el presupuesto y cuando por medio de un campo pagado y el cierre de oficinas intenta mermar el escándalo de corrupción que salpica a sus auditores. Unos auditores y jueces que, por cierto, casi nadie conoce porque, ajenos a esa antigua preocupación fenicia por la eficacia de la función pública, rechazan o ignoran la cultura de rendir cuentas.
Quizás usted, querido lector, está en desacuerdo conmigo. Podría contra argumentar que la contraloría está modernizada (tiene una nueva ley), que tiene una página web que recoge las denuncias ciudadanas y que el sr. Contreras hasta preside una organización latinoamericana de entidades fiscalizadoras. Da igual. Es y será lo mismo. Ya Aristóteles, en su libro VII sobre Política, puso el dedo sobre la llaga: ¿De qué sirven las normas cuándo no hay un instrumento para hacer efectiva su función?. Las leyes, cuando están bajo el bastón de un partido político sólo tienen un efecto de dramaturgia.

2. Un muerto auténtico puede ser un tótem religioso o el argumento de un cuento macabro para asustar a los niños. O ninguna de las dos cosas. Hilvanando con el bondadoso tema de la ética, la política y la corrupción, resulta que la Corte de Cuentas no es la mejor acreditada en su materia. Lejos de ser un tótem sobre la transparencia, nadie ha fiscalizado lo que hace y el artículo que ordena auditar su trabajo sigue como un bello poema a la utopía y como muestra palpable de la irresponsabilidad de los diputados. Ese problema de legalidad e ineficacia conlleva, en el fondo, una tranquilidad para los funcionarios que hacen del poder un camino fácil hacia los privilegios y prerrogativas individuales. La Corte de Cuentas no asusta a los corruptos, es una institución con un protagonismo de segundo reparto en casos importantes como los negocios ilegales de los alcaldes con el diputado Roberto Silva o, para ir más lejos, con los sobornos que Carlos Perla y Mario Orellana recibieron en la autónoma de aguas, sólo para mencionar los casos que han trascendido a la palestra pública.

3. Los muertos son habitantes de una necrópolis y, para mí, los camposantos son un espacio para el silencio y el oscurantismo. Resulta que en los juicios que lleva a cabo la Corte de Cuentas son un exquisito ejemplo del secretismo. Un teórico español, Jaime Rodríguez Arana, considera que "la peor corrupción es la opacidad de recubrirse en la ley para no rendir cuentas". Y resulta que la Corte de Cuentas no cuenta lo que cuenta. Ese apartamiento, ese anacronismo, es un manejo antojadizo del poder, algo que intentó modificar el liberalismo hace ya un par de siglos. Pero resulta que esos contrapesos, claves para cualquier democracia, parecen no tener efectos sobre el futuro de la institución contralora.
No es casual que Fusades, académicos y organizaciones no gubernamentales pidieran despolitizar la elección del presidente de la Corte de Cuentas. Esas peticiones no pasaron de ser un eco fantasmagórico. Y eso preocupa. Hablando sobre el fracaso de la reforma al Estado, el teórico Michael Crosier señala que eso se debe a que los políticos ignoran las peticiones ciudadanas y el derecho administrativo solo es una herramienta ara los intereses de un grupo. El sr. Contreras ha prometido "cambios radicales", pero con los antecedentes esa promesa es una deferencia para morirse... morirse de risa o tristeza...

19 años buscando justicia

Hay juicios que son largos y tediosos; pueden pasar meses, años e, incluso, décadas hasta castigar a los culpables. Eso es lo que pasa, según los representantes de la Compañía de Jesús, con el caso de los militares implicados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras. Después de diecinueve años de la matanza y tras el fracaso de varias demandas en los tribunales salvadoreños contra los supuestos autores materiales e intelectuales, un tribunal internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, ha ordenado que El Salvador presente un informe para determinar si existió una investigación efectiva que garantizara el derecho a la verdad y justicia para los fallecidos, sus familiares y la comunidad religiosa.
Para los abogados de las víctimas, el informe solicitado por la CIDH es una oportunidad de oropara reiterar la impunidad del caso y apuntar con el dedo acusador al Estado. Mientras tanto, abogados y diplomáticos de El Salvador parecen estar en una encrucijada y manejan con sigilo la respuesta que darán por la masacre que cometió una unidad especial del ejército la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Armando López, Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López y las empleadas domésticas Elba y Celina Ramos fueron asesinados dentro de la Universidad Centroamericana (UCA).
El entonces rector de la UCA, Ellacuría, era un reconocido intelectual, amigo del filósofo Xavier Zubiri, quien aspiraba a que su pensamiento filosófico permitiera, desde la interpretación de la realidad, una nueva visión del ser humano y de la liberación latinoamericana. Una semana antes de su muerte, recibió en Barcelona el premio internacional Alfonso Camín. Tras una fuerte presión internacional, en septiembre de 1991 un tribunal salvadoreño condenó al coronel Guillermo Benavides y otros nueve militares, pero dos años después quedaron en libertad gracias a la ley de amnistía que aprobó la Asamblea Legislativa.
Desde entonces el caso pasó al escenario internacional y los antecedentes jurídicos no son favorables para el Gobierno. El 22 de diciembre de 1999, en un informe de fondo, la CIDH determinó que El Salvador violó el derecho a la vida, la verdad y la protección judicial. Además, ordenó “una investigación completa, imparcial y efectiva”. La Comisión consideró que la ley de amnistía viola el derecho de las garantías judiciales para los familiares de las víctimas y ordenó adecuar esa legislación con la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que permitiría reabrir la investigación contra los autores materiales e intelectuales.

Cumplir las recomendaciones
Casi una década después de ese informe, las recomendaciones siguen sin cumplirse. “Son procesos largos que se complican más cuando estamos frente a un Estado que no contribuye en nada a que esto avance y se cierra en sus posiciones. El salvadoreño es, quizás, el peor Estado en cuanto a incumplimiento de sentencias, recomendaciones y resoluciones emitidas por organismos de derechos humanos, tanto regionales como universales”, reprocha Benjamín Cuéllar, querellante del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).
El 11 de marzo pasado, el Idhuca y el Centro por la Justicia y el Derecho Inter- nacional (Cejil) lograron que el caso de los jesuitas volviera a la agenda de la justicia internacional. Dentro de dos semanas El Salvador presentará un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones. De comprobarse un desacato, el Estado corre el riesgo de ser denunciado ante la Organización de Estados Americanos, y uno de los impactos negativos podría ser la reducción de la cooperación internacional.
Los representantes estatales son cautelosos para referirse al que se ha convertido en un espinoso tema diplomático: “No puedo hacer declaraciones, primero tenemos que presentar el informe. No quisiera hacer comentarios”, dijo Carlos Méndez Flores, abogado del Estado. Pese a que la CIDH ha recomendado su derogación, El Salvador adelantó que en su informe defenderá la ley de amnistía, porque es una de las claves que permitió el fin de una guerra de doce años, en la que murieron 70.000 personas. Desde la visión oficial, esa ley no permite abrir viejas heridas y consolida el proceso de pacificación: “El Estado ha dejado bien clara su posición, está todo razonado”, insistió Méndez Flores. La ley de amnistía no sólo dejó en libertad a los diez militares condenados por los asesinatos, sino que también es un obstáculo para investigar a los autores intelectuales. El Idhuca pidió investigar a la cúpula de las Fuerzas Armadas y al ex presidente Alfredo Cristiani, pero en 2000 un juzgado los exoneró bajo el argumento de la prescripción del delito.

Oferta de diálogo
En un intento por frenar la demanda, el Gobierno salvadoreño ofreció una salida negociada: “Fueron dos situaciones y sí, se quedó en que el Estado puede dialogar”. Pero los demandantes rechazan de pleno esa flexibilidad gubernamental: “El diálogo que proponen es ridículo, irrespetuoso, plantean que hay que discutir si se cumplen o no las recomendaciones. Si fuera un Gobierno serio en la relación con los ofendidos lo que habría que hacer es reunirse para ver cómo se cumplen las recomendaciones, no para decir ‘no vamos a cumplir las recomendaciones’. ¿Qué diálogo es ese?”, comentan con amargura los abogados de las víctimas.
Mientras el Estado presenta su informe y el tribunal internacional decide si concede la audiencia, los abogados piden paciencia a los familiares de las víctimas. Son conscientes de que en el caso de los jesuitas españoles las familias pueden presentar una denuncia ante la Audiencia Nacional, porque se trata de un delito de lesa humanidad. El antecedente jurídico más cercano es cuando se intentó procesar al fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, que fue detenido en Londres a solicitud de la Audiencia.
“A los familiares [de los sacerdotes españoles] les pedimos desde el principio, que nos dieran la oportunidad de trabajar con las instituciones renovadas después del fin de la guerra. Si funcionan en este caso podrían funcionar en muchos casos más. Vamos a seguir intentándolo, pero la paciencia de los familiares no puede ser eterna. Cuando se acabe la paciencia, no podemos asegurar que no vayan a intentar mover el caso a la justicia española”, concluye Cuéllar.

( Publicado en la Revista Tiempo, Madrid, España)